El legislador viene esforzándose en los últimos años por crear un marco legal que dote de seguridad y eficacia jurídica las transacciones realizadas por vía telemática, lo que pasa necesariamente por la exigencia de ciertos requisitos que debe reunir la firma electrónica y los prestadores de servicios de certificación. Se pretende alcanzar así la confianza de los usuarios en un medio cuyo uso está cada vez más generalizado.