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El estudio, desde el reconocimiento de la legitimación democrática del Poder Judicial, aborda la existencia de un sistema de sanciones dirigido a garantizar la responsabilidad en el ejercicio de la función judicial y, conectado con ello, la intervención del Ministerio Fiscal exigiendo tal responsabilidad, en defensa de la legalidad que consagra el artículo 124 CE.
