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Elena Larrauri 
, Daniel Varona Gómez
El Periódico de Cataluña, en su edición del pasado día 7 de abril de 2020, publica la siguiente noticia:
Las cárceles catalanas buscan personal «con urgencia» La Generalitat necesita psicólogos, educadores y trabajadores sociales para todas las prisiones de Catalunya En la noticia, el periódico se hace eco de la oferta de empleo público publicada por la Generalitat (ref. núm. JUS/134/2020):
En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha iniciado un proceso de selección para «cubrir con urgencia» sustituciones de personal de tratamiento de las prisiones y centros educativos de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima.
En un tuit recogido por Europa Press, la ‘conselleria’ ha explicado este martes que buscan psicólogos, educadores y trabajadores sociales, y la convocatoria detalla que las vacantes son para todas las prisiones de Catalunya (énfasis añadido).
Esta noticia generó una lógica reacción negativa en el seno del Colegio de Criminólogos de Cataluña, que publicó una nota en su página web quejándose de que dicha oferta pública de trabajo en los centros penitenciarios y educativos de menores no hiciera referencia al colectivo de graduados en criminología, como profesionales con suficientes competencias para desarrollar su actividad en dichos centros (vid. http://www.criminolegs.cat/web/noticies/els-criminolegs-i-criminologues-volen-ajudar-en-la-crisi-del-covid-19 ).
Paralelamente, la Generalitat publicó una segunda oferta de empleo público (ref. JUS130-2020), demandando personal técnico superior para la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, que entre otras funciones debería:
– Revisar, evaluar y resolver propuestas de clasificación en grado de tratamiento, de permisos de salida y destino de los internos/as en los centros penitenciarios de Cataluña.
– Realizar tareas para la evaluación, diseño e implementación de programas de rehabilitación para los centros penitenciarios de Cataluña.
– Realizar el seguimiento de casos, evaluando las variables criminológicas y el riesgo (especialmente los casos que estén en régimen de vida 86.4).
En esta segunda oferta de trabajo, a diferencia de la primera, se admitían la titulación de todos los grados universitarios, y se establecía una prioridad para los graduados en Derecho o Criminología.
El título no hace al profesional Los graduados en Criminología siguen encontrándose con los mismos obstáculos de siempre: allí donde “el nombre hace la cosa” se encuentran con las puertas cerradas porque no forman parte del “gremio correcto”, que acostumbra a limitarse a psicólogos, educadores, trabajadores sociales, y juristas. Es hora de reclamar que en las ofertas públicas de trabajo en los centros penitenciarios y educativos de menores, o bien se incluyen a los criminólogos, o bien se evalúa a los candidatos por su capacidad para realizar determinadas tareas y desarrollar determinadas competencias.
No se acierta a comprender porqué se excluye a los criminólogos de la realización de tareas, como la de, por ejemplo, “ejecutar y evaluar programas de prevención de conductas problemáticas especialmente vinculadas con la actividad delictiva”. Y más, cuando se comprueba su similitud, con las competencias que se demandan en la segunda oferta, en la que los criminólogos son graduados prioritarios. No creemos que sea correcto que en un país en el que el Gobierno y las instituciones educativas han decidido que tiene pleno sentido un Grado en Criminología, luego no permita que estos compitan en igualdad de condiciones con otros profesionales.
Ante ello debemos, una vez más, reclamar de nuestras instituciones públicas que superen la lógica medieval gremial y busquen los mejores profesionales, formados específicamente para desarrollar numerosas de las tareas que se llevan a cabo en prisiones y centros de menores. Un profesional adecuado no se define por su nombre (sea este Criminólogo, Psicólogo, Educador, etc.), se define por sus competencias y habilidades (al menos esto es lo que todas las instituciones pedagógicas de nuestro país lleva años diciéndonos y exigiéndonos). Allí donde se especifiquen unas determinadas competencias, relacionadas con la gestión de los conflictos sociales y la delincuencia, estamos convencidos de que un graduado en Criminología está en condiciones (como mínimo de igualdad) para competir con otros profesionales. Y debería poder demostrarlo.
Nos alegramos pues que en una reciente oferta pública de empleo se considere, según hemos visto, a estos graduados de forma prioritaria. Y entendemos que ello supone un paso adelante en el reconocimiento del grado de Criminología en nuestro país. Como tal hay que saludarlo, pero es todavía un avance insuficiente.
Los tiempos que vivimos nos obligan aun más a no dilapidar un bien esencial como es la formación universitaria. En las universidades españolas llevamos años (como Grado específico desde 2009) formando a buenos profesionales en la gestión de los conflictos sociales y la delincuencia: es el turno de las instituciones públicas de darles la oportunidad que merecen.
