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Apol·lònia Martínez Nadal
En el Derecho español el concepto de alquiler turístico es un concepto evolutivo, temporalmente cambiante y territorialmente divergente en la actualidad. Tras la reforma introducida por la Ley 4/2013, la regulación del alquiler turístico de viviendas de uso residencial es competencia de las Comunidades Autónomas, que han aprobado en su mayoría normativa específica al respecto. Por lo que se da la situación, probablemente inconveniente y en cualquier caso paradójica, de existencia de distintas normativas en diferentes territorios autonómicos con un mismo objetivo (la regulación del alquiler turístico de viviendas de corta duración) pero, en ocasiones, con distinto contenido. Debido en buena parte a esta diversidad normativa, han de tenerse en cuenta también las dificultades para establecer un concepto de claro de alquiler vacacional, que es hoy día, desde el punto de vista jurídico, un concepto confuso e indefinido dadas las divergencias territoriales.
Por ello, es deseable, con pleno respeto del marco de distribución de competencias, la búsqueda de instrumentos de coordinación entre las distintas comunidades autónomas y que permitan una mínima uniformización o coordinación de soluciones legales que parece deseable y conveniente para operadores económicos y jurídicos.
De momento, y pese a las continuas demandas de armonización de los distintos actores implicados, el Gobierno, como hemos visto, se ha limitado a aplicar el principio de intervención mínima, sin solucionar el problema de la diversidad conceptual de la noción de alquiler turístico en las distintas normativas autonómicas con las consecuencias jurídicas y legales que exponemos en este trabajo.
