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La crisis provocada por el Covid-19 ha estado marcada, desde el punto de vista jurídico, por la declaración del Estado de Alarma. Esta nueva realizad jurídica provocó diversos desajustes con respecto al sistema ordinario de contratación pública, que pueden recogerse en dos cuestiones fundamentales: (1) la habilitación del uso de la tramitación de emergencia con carácter generalizado para compras públicas relacionadas con el Covid-19; y (2) la suspensión generalizada, con matices, de los procedimientos administrativos. Sobre estas dos cuestiones girará el análisis de las siguientes páginas.
