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Ángel Sánchez Blanco 
La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local resulta el marco legal para abordar en España las directrices europeas recogidas en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea, que pretende en suma acercar Europa a los ciudadanos, con instituciones democráticas y capaces de una administración eficaz y transparente, y que en los ámbitos local y regional están llamadas a ejercer un papel más activo y participativo. Desgraciadamente, con la citada Ley se ha perdido la oportunidad de cumplir este insoslayable objetivo de la construcción europea, y la norma española no elimina los obstáculos que las administraciones central y autonómicas suponen ante la representatividad de los entes locales, como no ahonda en las fórmulas democráticas municipales (la aparición de las Juntas de Gobierno Local no parece el mejor método para la aplicación democrática de los principios de la Gobernanza, pues se convierten en instrumentos ejecutivos en manos de los alcaldes donde la mitad de sus miembros pueden ser elegidos por libre designación, sin necesidad de ser concejales) ni en la complejidad del fenómeno municipal y supramunicipal y su conectividad con las administraciones con quienes debe compartir decisiones. La importancia que a las tecnologías de la información concedían tanto la precedente legislación nacional como actualmente el Parlamento Europeo se ve traicionada en la norma estudiada, y se plantea la duda del apoyo que esto supone al futuro de la Unión y a su proyecto constituyente.
