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La intervención público-estatal ha sido una constante en materia de bienestar social y servicios sociales, y habiendo acabado el siglo XX estimamos conveniente que el Estado siga siendo la garantía básica de aquellas personas que padecen dificultades, junto al mercado y, sobre todo, junto a las entidades sin ánimo de lucro. El Plan CCB o comunidad cristiana de bienes es la fuente de inspiración de los servicios sociales de base o comunitarios en los años sesenta. Constituye la tradición española más inmediata que fue capaz de organizar los citados servicios como beneficencia y caridad. A partir de la reinstauración democrática y algunos años después (1988) se desarrolla una red pública de servicios sociales generales y para todos, que comienza a consolidarse con un nivel de prestaciones básicas en la década de los noventa. El acuerdo entre la Administración Central, Comunidades Autónomas y Entes Locales haría posible la red básica de servicios sociales públicos. Con el acuerdo nace el Plan Concertado (1988) y se consolida en torno al año 1995. Sobrepasados los diez años del Plan Concertado (1988-1998), la experiencia acumulada y la información disponible permiten albergar transformaciones que lo adapten a las nuevas necesidades de la sociedad española. Las exigencias de nuevas necesidades y los servicios sociales para todos marcan la pauta de lo que debe constituir el avance del Plan Concertado.
