Acceso usuarios
Carmen Boldó Roda 
La cadena de bloques («blockchain») es una tecnología que permite transferencia de datos codificados de manera segura. Uno de los primeros servicios “no financieros” (es decir un “caso de uso”) que se le ha dado a la cadena de bloques («blockchain») es la inclusión de información encriptada dentro de las transacciones. De este modo se puede crear un «hash» imposible de replicar que está asociado a un documento único almacenado fuera de la «blockchain». Se ha planteado si en ese sentido la tecnología «blockchain» podría sustituir a un registro convencional de contenido jurídico, es decir, de efectos frente a terceros. En este artículo, partiendo de las características de la tecnología de registro distribuido DLT que pueden tener trascendencia jurídica, y la fundamental diferencia entre red de tipo autorizado o red pública, se analiza la posible utilización de dicha tecnología en un registro de derechos, con contenido jurídico sustantivo y el papel de notarios y registradores en cuanto validadores de su contenido. También se recogen las posturas favorables y contrarias a dicha implantación, así como la experiencia comparada al respecto. Se concluye que dicha tecnología no puede sustituir la función de calificación jurídica ni prescindir de las garantías jurídicas que constituyen los sistemas de seguridad jurídica preventiva destinados a proteger las transacciones y los derechos de terceros.
The blockchain is a technology that allows transfer of encrypted data securely. One of the first “non-financial” services (that is, a “use case”) that has been given to the blockchain is the inclusion of encrypted information within the transactions. In this way you can create an impossible to replicate hash that is associated with a single document stored outside the blockchain. It has been raised whether in that sense blockchain technology could replace a conventional register of legal content, that is, of effects against third parties. In this article, based on the characteristics of DLT distributed registration technology that may have legal significance, and the fundamental difference between authorized type network or public network, the possible use of such technology in a rights register is analyzed, with content substantive legal and the role of notaries and registrars as validators of their content. Positions favorable and contrary to such implementation are also collected, as well as the comparative experience in this regard. It is concluded that such technology cannot replace the function of legal qualification or dispense with the legal guarantees that constitute preventive legal security systems designed to protect transactions and the rights of third parties.
