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Las Directivas de 2014 suponen un viraje hacia la contratación pública estratégica. Ésta se concibe como un instrumento de intervención económico-social que comporta la introducción de elementos correctores en las reglas tradicionales de la contratación pública. Dichas reglas (marcadas por los principios de igualdad entre licitadores y concurrencia competitiva) podían dejar en posición de desventaja a organizaciones empresariales y entidades del tercer sector en las que priman las personas sobre consideraciones puramente economicistas. Este trabajo se centra en uno de esos elementos correctores (las reservas de contratos) en las dos modalidades que contempla la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Con base en el análisis de los conflictos, defendemos que no estamos ante excepciones a las reglas generales, sino ante variaciones fundadas en determinados principios de la contratación pública actual, así como en el interés general como guía de la actuación administrativa. Por otro lado, se examinan algunos de los obstáculos en la implementación de la contratación pública socialmente responsable, subrayando la importancia del control sobre la ejecución y el análisis de sus efectos en la consecución de algunos objetivos estratégicos para la Unión Europea.
