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Clara Martínez García
La profunda descentralización que caracteriza nuestro modelo de organización territorial es determinante de la compleja distribución competencial en materia de protección de la infancia y la adolescencia. La competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, en virtud de la cual han dictado sus respectivas leyes de protección de la infancia, debe atender a los estándares internacionales previstos en los Tratados en los que España es parte. Asimismo, el Estado ha dictado una importante legislación en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª CE. Tanto la legislación estatal como la autonómica deben garantizar la implementación del concepto de protección integral de los derechos del niño. Dentro de ella se han de contemplar las medidas concretas que procedan respecto de las situaciones de pobreza de la infancia desde el derecho a disfrutar de un nivel de vida digno reconocido en el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
competence distribution in terms of child and adolescent protection. The exclusive competence of the Autonomous Communities, by virtue of which they have enacted their respective child protection laws, must comply with the international standards set forth in the Treaties to which Spain is a party. Likewise, the State has enacted important legislation in accordance with the provisions of article 149.1.8.ª CE. Both state and regional legislation must guarantee the implementation of the concept of integral protection of children’s rights. Within it, the concrete measures to be taken regarding poverty situations of children must be viewed from the right to enjoy a decent standard of living, as recognized in art. 27 of the Convention on the Rights of the Child.
