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El abrumador aumento de los niveles de degradación del medio ambiente por el mal uso de éste ha sido la causa de los desastres naturales, convirtiéndose en un motivo de preocupación cada vez mayor para el Estado, la comunidad científica y la sociedad en general. Existe una necesidad real de establecer una protección adecuada y eficiente mediante la legislación para evitar la destrucción de la naturaleza, elevando el medio ambiente a la categoría de bien jurídico protegido penalmente. Entre los estudiosos del derecho ambiental hay quienes se resisten a la idea de la protección penal del medio ambiente, aunque ya se contempla en el plano constitucional. El presente trabajo tiene por objeto analizar si, con la aplicación de las normas penales ambientales, hubo una tendencia a la estabilidad de la degradación ambiental en la región de Sousa-PB, así como medir en qué proporción el ejercicio de las actividades agroindustriales ha influido o contribuido a la práctica de los delitos ambientales. En el enfoque de esta labor se utiliza la metodología cualicuantitativa, que tiene por objeto evaluar la cantidad de delitos ambientales en el período comprendido entre 2010 y 2018, así como medir la influencia de las actividades agroindustriales en la práctica de esos delitos, además de tratar de verificar la eficacia de las exigencias jurídicas en ese período, observando la forma de proceder y los resultados procesales logrados, a fin de determinar su contribución a la preservación del medio ambiente. Sobre la base de esa verificación, se comprobó que las acciones penales ambientales que se han tramitado o se están tramitando en Sousa-PB, son predominantemente los resultados de inspecciones que se han realizado de manera ocasional, lo que limita el nivel de protección del medio ambiente; que los casos tienden a resolverse mediante transacciones penales.
