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Antonio Sánchez Bayón 
, Gloria Campos García de Quevedo, Carlos Fuente Lafuente
El concepto de la representación de las Altas Autoridades en los actos públicos y el tratamiento que ha de darse a sus representantes, es objeto habitual de controversia en España, agravándose en los últimos años. En ello ha influido la insuficiente definición del Real Decreto 2099/1983 del Ordenamiento general de precedencias en el Estado, junto con la regulación complementaria de 1968 (de la dictadura del general Franco, que refería a la sustitución legal y no a la representación propiamente). Se suma a la polémica el hecho de que el representante ordinario del Estado en una Comunidad Autónoma, el Presidente, no pueda hacerse representar pública y protocolariamente en su territorio ni cuando su institución concurra en eventos de carácter estatal, ni tampoco cuando sea por razones de fuerza mayor (que obligan a la sustitución o suplencia). Resulta urgente y necesario un dictamen clarificador sobre la calificación protocolaria y iusconstitucional de la representación, para su correcto funcionamiento dentro del régimen democrático de 1978.
