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Eva María Menéndez Sebastián 
La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP), ha llevado a cabo una extensión significativa del alcance del contrato de servicios, tanto por la supresión del anexo que enumeraba categorías específicas como por incluir servicios al público y gestión de servicios públicos siempre que el riesgo operacional no sea transferido al contratista. En fin, ha perdido su nota principal, el carácter instrumental y, además, se ha convertido en una de las vías de gestión indirecta de los servicios públicos. Sin embargo, y a pesar de incluir ciertas reglas especiales a este respecto en el art. 312, el legislador no ofrece un régimen de servicio público similar al previsto para las concesiones, lo que implica consecuencias prácticas.
Public Sector Contract Law 9/2017 of November 8 (LCSP) has meant an important extension of the service contract, due to the suppression of the Annex that lists specific categories, and to the inclusion of services to citizens and management of public services provided that the operational risk is not transferred to the contractor. In short, this contract has lost its main key, the instrumental nature and also become one type of indirect management of public services. However, and despite including certain special rules in art. 312, the legislator does not offer a public service regime similar to that provided for concessions, which implies practical consequences.
