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Venancio Gutiérrez Colomina 
Para paliar los efectos sociales, jurídicos y económicos negativos del COVID-19 no se pueden utilizar únicamente criterios estrictamente economicistas, sino que hay que intensificar la consecución de las metas marcadas para las ODS, situando al ser humano en el centro del desarrollo sostenible. La legislación estatal del suelo y las urbanísticas autonómicas deben incorporar el modelo europeo de desarrollo territorial y urbano, que reconoce el valor ambiental de la ciudad existente, mediante la aplicación de los principios de compacidad, complejidad y densidad motivada y justificada en cada caso, así como revalidar la protección legislativa del suelo rural, actualmente amenazado, de acuerdo con el principio de regresión. El planeamiento territorial y urbanístico tiene disfunciones, de carácter procedimental, que habrán de corregirse, pero no suprimirse o sustituirse, ya que sigue siendo la mejor manera de llevar a efecto el control público sobre el territorio, mediante una gobernanza territorial, concertada con todos los agentes públicos y privados, aumentando los cauces para la participación y la igualdad de género, la gestión del PMS debe tener como finalidad, además de las viviendas de protección pública, de fomentar las actuaciones integrales de rehabilitación y renovación, los edificios de energía cero, la lucha contra el cambio climático, el derecho básico al agua, así como preferentemente en los próximos años, las medidas para paliar los efectos del coronavirus.
To alleviate the negative social, legal and economic effects of Covid-19, not only strictly economic criteria can be used, but the achievement of the SDG targets must be intesified, placing the human at the centre of sustainable development. State soil legislation and regional urban planning should incorpórate the european modelo f territorial and urban development, which recognises the environmental value of the existing city, through the application of the principles of compactness, complexity and density motivated and justified in each case, as well as revalidate the legislative protection of rural spaces, currently threatened, in accordance with the principle of regresion. The territorial and urban planning has procedural disfunciones that Will have to be corrected, but not abolished or replaced, since it remains the best way to implement public control over the territory, through territorial governance, concerted with all public and private actors, increasing channels for participation and gender equality, the management of the municipal land should aim to be the purpose, in addition to public protection housing, to promote comprehensive rehabilitation and regeneration actions, zero-energy buildings, the fight against climate change, the basic right to wáter, as well as preferably, in the coming years, measures to alleviate the effects of coronavirus
