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Jordi Delgado Castro, Raúl Carnevali Rodríguez
El artículo analiza la institución de los acuerdos reparatorios dentro del sistema procesal penal, reconociendo que se le entrega a la víctima y al imputado un papel más activo para la solución del conflicto y reclamando que le corresponde al juez desarrollar un rol de mayor preponderancia en la consecución de una solución pronta y satisfactoria para todos los intervinientes. Estos acuerdos se entienden como una manifestación del principio de intervención mínima del Derecho penal, al constituir un mecanismo menos lesivo para la resolver un problema penal. Se sostiene que resulta altamente conveniente la implicación del juez, asumiendo una función más activa y determinante para instar a las partes a alcanzar el acuerdo, dirigiendo para ello el debate. De este modo, al promover la conciliación, sobre todo en etapas tempranas, no solo sería eficaz para la descongestión del sistema, sino que además satisfaría de mejor forma a los involucrados en el conflicto, pues quien dirige y permite el acuerdo es un juez. En el trabajo se deja claro que esta actividad del juez no afecta la imparcialidad ni menos supone juzgar.
The paper analyzes Settlements with the victim within the criminal procedure system, understanding that victim and perpetrator get a more active role in conflict resolution.
These settlements are understood as a manifestation of the Principle of minimum Intervention of Criminal law, as it constitutes a less harmful mechanism for solving a criminal problem.
The authors wonder what should be the role of the Court on the materialization of the reparatory agreement. They reach the conclusion that Court involvement is highly advisable by taking a hands-on approach, urging the parties to reach an agreement and overseeing the debate. Thus, by promoting settlement, especially at early stages, not only the criminal justice system would be relieved, but also the parties at conflict would be better served, because who directs and allows the agreement is a Judge. The paper considers that by promoting settlement, a judge does not put impartiality at risk or much less, sentence.
