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La regulación básica de la responsabilidad administrativa ambiental sobre la restauración de los suelos históricamente contaminados presenta importantes dificultades en su aplicación práctica. En parte, estas dificultades se deben a la generalidad con la que se regulan estas cuestiones, principalmente, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, así como en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. La determinación de las personas causantes de la contaminación, así como de las propietarias o poseedoras de los suelos, ha demostrado ser especialmente compleja, complejidad esta no resuelta en las mentadas normas. En este contexto, el desarrollo normativo autonómico se hace especialmente relevante, debiendo este completar las reglas y principios previstos por la normativa estatal para facilitar la aplicación de esta espinosa cuestión. Si este desarrollo normativo autonómico no se produce, como es el caso en el que se encuentra Asturias, la inseguridad jurídica de las personas afectadas por la aplicación de la normativa va a ser notoria. Por su parte, los diferentes pronunciamientos judiciales poco a poco han ido arrojando algo de luz en la aplicación de estas normas.
