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Susana Aníbarro Pérez 
Transcurridos más de dos años desde la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el legislador sigue sin afrontar la reforma del mismo, lo que ha generado una importante disparidad interpretativa por parte de los órganos, tanto administrativos como judiciales, encargados de la aplicación y revisión del impuesto. Esta situación ha generado una gran inseguridad jurídica para los contribuyentes, que se ha tratado de mitigar por el Tribunal Supremo mediante la fijación de criterios en la resolución de recursos de casación.
More than two years after the declaration of unconstitutionality of the Tax on Urban Land Capital Gains, the legislator has still not faced the reform of the same, which has generated a significant interpretative disparity on the part of both the administrative and judicial bodies in charge of the application and review of the tax. This situation has generated great legal uncertainty for taxpayers, which has been mitigated by the Supreme Court through the establishment of criteria in the resolution of cassation appeals.
