Los datos personales en poder de las Administraciones Públicas son una verdadera necesidad para la consolidación y desarrollo del Estado social y la tutela de las libertades, de modo que puede afirmarse que la protección de dichos datos viene a configurarse jurídicamente como una excepción, rectius: corrección, al principio de libre circulación de las informaciones, elemento crucial para el desarrollo global de las modernas sociedades