Desde hace décadas, los megaproyectos extractivos y de infraestructura son impuestos por gobiernos y empresas, lo que menoscaba las prioridades de las poblaciones que viven en los territorios afectados. Actualmente, la legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas respalda el derecho a la consulta previa, libre e informada. El objetivo de este ensayo es discutir oportunidades y riesgos en los procesos de consulta a los pueblos indígenas a partir de la observación y el análisis de algunos casos paradigmáticos en México, entre ellos los más recientes como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.