La transformación que el mundo de la defensa y la seguridad ha experimentado en los últimos años obliga a realizar una revisión a fondo del derecho-deber de defender España. Por ello, es pertinente preguntarse si caben formas de defender a la nación diferentes a las militares. La política de defensa, es decir, el conjunto de acciones orientadas a defender España, se manifiesta en la actualidad en una variedad de actividades dirigidas a fines compartidos por otras políticas no consideradas estrictamente como «de defensa», es decir, militares. En consecuencia, lo que hoy se considera «defender España» (proteger tanto su independencia e integridad territorial como el Estado social, entendido como el pleno ejercicio de los derechos y libertades) puede ser y es realizado también por sujetos de naturaleza no militar por medios diferentes a los militares. Si ponemos en el centro de nuestro interés, de nuestra protección, el Estado constitucional, y no la seguridad en sí misma, resulta necesario asumir que una noción amplia de la seguridad y defensa (del Estado) exige correlativamente una noción amplia del derecho-deber de procurarla.