La efectividad del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social constituye la tarea más excelsa del jurista, tendente a conseguir el objetivo último de la Justicia y el respeto de la Dignidad Humana. Con tal premisa, en primer lugar, el autor defiende que tal derecho, por su carácter multifacético, ilustra de manera paradigmática el carácter indivisible de todos los derechos humanos. En segundo término, el artículo analiza la progresiva consolidación de los estándares internacionales (universales y europeos) en el ámbito de la erradicación de la pobreza y la exclusión social, poniendo el acento en el papel crucial del artículo 30 de la Carta Social Europea y de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. A continuación, el autor somete a escrutinio el impacto de esos estándares en algunas experiencias nacionales, concretamente en Francia y Finlandia y, sobre todo, en el debate y situación actual en España a la luz de la reciente introducción del ingreso mínimo vital. Finalmente, las conclusiones subrayan la importancia del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, un verdadero reto agravado por la crisis del COVID-19.
The effectiveness of the right to protection against poverty and social exclusion constitutes the jurist's highest task, as it aims at achieving the ultimate objective of Justice and respect for Human Dignity. With such a premise, the author first defends that such right, due to its multifaceted nature, paradigmatically illustrates the indivisible character of all human rights. Secondly, the paper analyzes the progressive consolidation of international (universal and European) standards in eradicating poverty and social exclusion, emphasizing the crucial role of Article 30 of the European Social Charter and the European Committee Social Rights’ case-law. Then, the author submits the impact of these standards on some national experiences to scrutiny. Special focus is placed on France and Finland and, above all, on the current debate and situation in Spain in light of the recent introduction of the minimum vital income. Finally, the conclusions underline the importance of the right to protection against povertyand social exclusion, a genuine challenge exacerbated by the COVID-19 crisis.