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El desarrollo del país requiere energía. De eso no hay duda. La energía es la fuente que impulsa el desarrollo integral de la población, a tal grado de que sin ella, es imposible garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y de los cuales dependemos más de 132 millones de personas en México. Sin embargo, si el Estado no tiene capacidad de proveer la energía necesaria para satisfacer la demanda actual, mucho menos la tiene para cumplir la meta declarada para el 2024, de generar el 35% de la energía del país mediante las denominadas energías limpias. Bajo esta premisa, desde el 2011, se gestaron en México varias reformas constitucionales y estructurales sobre derechos humanos, de las cuales, la llamada Reforma Energética, abrió un amplio panorama de posibilidades para la participación de nuevos actores en el mercado energético nacional a partir del 2013. Bajo esta perspectiva, se consideraba que la Reforma Energética daría el impulso necesario para cumplir con el triple reto nacional de (1) seguir creciendo económica y socialmente, (2) al tiempo que cumplamos nuestros compromisos ambientales internacionales, (3) con generación de tecnología propia. Sin embargo, el desarrollo de estos proyectos energéticos ha generado serios conflictos entre los empresarios y las comunidades locales sobre cómo se gestionará el parque energético, estando la administración pública pasiva ante tales acontecimientos. Bajo este escenario, el nuevo gobierno mexicano plantea una reforma a la Reforma Energética en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El objetivo de nuestro estudio fue conocer cómo se ven afectados los derechos fundamentales de las comunidades locales (rurales o indígenas) en los proyectos de desarrollo de energía, a partir de la reforma energética mediante una revisión hermenéutica de la Reforma, a partir de su ruta legislativa.
The development of the country requires energy. There is no doubt. Energy is the source that drives the integral development of the population, to such a degree that without it, it is impossible to guarantee the fundamental rights enshrined in the constitution and on which we depend more than 132 million people. In 2013, México developed several structural reforms of which the so-called Energy Reform opened a series of possibilities for the participation of new actors in the national energy market, aiming to meet the goal projected for 2024, to generate 35% of the energy of the country through the so-called clean energies. Under this perspective, the Energy Reform would be a necessary impulse to fulfill this commitment. However, the development of these energy projects has generated serious conflicts between entrepreneurs and local communities over how the energy park will be managed, with the public administration being passive in the face of such events. Under this scenario, the new Mexican government proposes a reform of the Energy Reform in its National Development Plan 2019-2024. The objective of our study was to know how the fundamental rights of local communities (rural or indigenous) in energy development projects are affected, from the energy reform through a hermeneutic revision of the Reformation, from its route legislative 5 years after its commissioning.
