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La elevada litigiosidad que ya ha comenzado a ocasionar la crisis del COVID-19 obliga al legislador a redefinir el marco procesal en busca de nuevos procesos y enfoques que permitan una mejor y más eficaz tutela de los conflictos privados. Las técnicas que suponen el pleito testigo y la extensión de efectos, con antecedente en la jurisdicción contencioso-administrativa, están llamadas a encontrar su hueco en la jurisdicción civil. Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, la incorporación de este tipo de procesos encierra una profundidad mucho mayor que la pretendida: cambiar el paradigma de la tutela privada, de la singularidad a la generalidad.
