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Dimitris Liakopoulos
Este trabajo busca a través de una comparación jurisprudencial a nivel comparativo para reconocer el derecho al olvido. En particular, el TJUE ha definido el derecho al olvido hacia los motores de búsqueda (“desindexación”). Los administradores de los motores de búsqueda han planteado la cuestión de la extensión de esta desindexación, suponiendo que los datos personales deben eliminarse solo de las búsquedas realizadas a partir del Estado miembro de la parte interesada y no por todo el motor de búsqueda. Con el fallo Google v. La CNIL de 2019 ha declarado que el administrador del motor de búsqueda está obligado, en principio, a realizar la desindexación solo de las extensiones del motor de búsqueda correspondientes a todos los Estados miembros de la UE. ¿Y el papel de los tribunales constitucionales en este asunto? ¿Y especialmente las últimas ordenanzas del BverfG? También intentaremos ilustrar las posibles soluciones al problema, explicando las razones por las cuales las últimas decisiones jurisprudenciales, a pesar de que varios tribunales parecen ser “inconsistentes” con el objetivo de proporcionar una protección efectiva del derecho a la protección de datos personales.
The present work seeks through a comparative jurisprudential comparison to deepen the right to forgotten. In particular, the CJEU has defined the right to forgotten towards search engines (“deindexing”). The search engine managers have raised the question of the extension of this de-indexing, assuming that personal data should be removed only from searches carried out starting from the Member State of the interested party and not by the entire search engine. With the ruling Google v. CNIL of 2019 has stated that the search engine manager is obliged, in principle, to perform deindexing only from the search engine extensions corresponding to all EU Member States. And the role of constitutional courts in this matter? And especially the last ordinances of the BVerfG? We will also try to illustrate the possible solutions to the problem, explaining the reasons why the latest jurisprudential decisions, despite several courts appear to be “inconsistent” with the aim of providing effective protection of the right to personal data.
