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Juan Velarde Fuertes 
El Tribunal de Cuentas español tiene una larga tradición histórica que arranca de la Edad Media y ha llegado hasta el siglo XXI teniendo que dar respuesta a los problemas de la gestión pública derivados de la coyuntura política y económica vigente en cada momento. En los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha tenido que desarrollar su función en un escenario marcado por la crisis económica global que, lógica- mente, ha afectado a España y ha condicionado en buena medida las políticas públicas de los sucesivos gobiernos. Estas circunstancias han puesto de relieve la necesidad de que el control externo en España deba abordar nuevos retos pues, de no hacerlo, no cumpliría con la necesaria calidad su función respecto a la sociedad y al parlamento que la representa. Por ello, adquiere en el momento presente y de cara al futuro un especial interés el papel que desarrolle el Tribunal de Cuentas en cuestiones como la corrupción y la ineficiencia en la gestión de los recursos públicos, así como en la revisión de las exigencias del equilibrio presupuestario y de la sostenibilidad financiera, entre otras. Por todas estas razones, el Tribunal de Cuentas debe formar parte del conjunto de instituciones libres que debe tener una Democracia para garantizar la permanente vigilancia de la adecuación a derecho de la actuación de los poderes públicos.
The Spanish Court of Auditors has a long historical tradition that starts from the Middle Ages and has reached the 21st century having to respond to the problems of public management arising from the political and economic situation in force at all times. In recent years, the Court of Auditors has had to carry out its function in a stage marked by the global economic crisis which, logically, has affected Spain and has largely conditioned the public policies of successive governments. These circumstances have highlighted the need for external control in Spain to face new challenges because, if it did not, it would not fulfil its role in society and parliament that represents it with the necessary quality. Therefore, the Court of Auditors’ role in matters such as corruption and inefficiency in the management of public resources, as well as in the revision of the requirements of balance and financial sustainability, among others, is particularly interesting for the present and future.
For all these reasons, the Court of Auditors should be part of the set of free institutions that a Democracy must have to ensure the permanent vigilance of the adequacy at the law of the actions of the public authorities.
