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Enrique Díaz Bravo 
El Derecho de la Unión Europea ha diseñado una serie de instituciones, procedimientos y recursos destinados a hacer efectivo el Derecho a tutela judicial efectiva. En lo relacionado con la contratación pública por medio de las directivas 89/665 y 2007/66 se ha regulado el entramado de procedimientos de recursos en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, lo que ha sido incorporado por los ordenamientos nacionales a través de distintos institutos. En el caso italiano, la incorporación del Derecho europeo se ha efectuado respetando su cultura jurídica, de modo que el recurso en contratación pública se ventila dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, dotándose de competencia a los tribunales administrativos regionales y al Consejo de Estado, para que conozcan y resuelvan, por medio de un procedimiento especial. Igualmente, es relevante la existencia de un procedimiento de tipo precontencioso ante la ANAC, con fuertes medidas contra la corrupción, así como la creación de medidas de control preventivo de la litigiosidad, tales como la existencia de tasas de acceso a la jurisdicción y sanciones a los litigantes temerarios. Finalmente, se analizarán las herramientas de restablecimiento del Derecho, donde se contemplan facultades para los procedimientos posteriores a la adjudicación del contrato.
European Union law has designed a number of institutions, procedures and remedies aimed at enforcing the right to effective judicial protection. In the area of public procurement through Directives 89/665 and 2007/66, the structure of resource procedures for the award of public supply and works contracts has been regulated, which has been incorporated by national systems through various institutes. In the Italian case, the transposition of European Law has been carried out in respect of its legal culture, so that public procurement’ remedies are subject to the contentious-administrative jurisdiction, giving competence to Regional Administrative Courts, and also to the Council of State, through a special procedure. Similarly, the existence of a pre-contentious procedure before the ANAC is relevant, with strong anti-corruption measures, as well as the creation of preventive control measures of litigiousness, such as the existence of access rates to jurisdiction and sanctions against reckless litigants. Finally, tools for the restoration of law will be analysed, where faculties are contemplated for the procedures later to the awarding of the contract.
