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, María Flor Arias Aparicio
El Derecho de necesidad tiene como fundamento la creación de unas reglas jurídicas de emergencia que sustituyen a las normas que rigen el comportamiento ordinario de la sociedad. En la configuración de los poderes de necesidad otorgados a los sujetos públicos para enfrentar las situaciones de crisis ocupan un lugar destacado tanto el establecimiento de límites jurídicos como el control de su uso correcto. Y es que, las medidas de necesidad que se adopten deben estar dirigidas a hacer frente a la emergencia concreta. La situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus ha activado, por segunda vez en nuestra historia más reciente, nuestro Derecho constitucional de excepción. Este trabajo analiza, por un lado, las previsiones normativas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, y su aplicación concreta, en relación con la declaración del estado de alarma; por otro lado, se examina una de las medidas de necesidad adoptada para afrontar la situación excepcional como es la suspensión de los plazos administrativos en relación con la actividad del sector público.
The Law of exception is based on the creation of emergency legal rules that replace the rules that govern the ordinary behavior of society. In the configuration of the powers of necessity granted to public subjects to face crisis situations, both the establishment of legal limits and the control of their correct use occupy a prominent place. And it is that, the measures of necessity that are adopted must be directed to face the concrete emergency. The situation of sanitary crisis caused by the coronavirus has activated, for the second time in our most recent history, our Constitutional Law of Exception. This work analyzes, on the one hand, the normative provisions existing in our legal system, and their concrete application, in relation to the declaration of the state of alarm; on the other hand, one of the measures of necessity adopted to face the exceptional situation is examined, such as the suspension of administrative deadlines in relation to the activity of the public sector.
