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La Administración de Justicia española presentaba importantes defectos de organización, gestión y ejecución en su diseño y realidad anterior a la crisis del COVID-19. Gran olvidada por las políticas públicas y condenada a la resignación que deja a su paso la expectativa eternamente frustrada, se presenta imprescindible ahora como herramienta para la superación de la crisis económica y social. Sin embargo, ese cometido sólo podrá alcanzase desde la generosidad y el consenso de instituciones y operadores jurídicos.
