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Diana Lorena Mateus Londoño
El debido proceso es un principio rector de los procedimientos sancionatorios contractuales. Sin embargo, el procedimiento sancionatorio consagrado en el estatuto anticorrupción de 2011 no señala cómo se deben adelantar las etapas de conformación del material probatorio, su práctica y su valoración dentro del mencionado trámite. La falta de claridad sobre las garantías y derechos probatorios de los contratistas puede resultar lesiva para estos últimos, máxime cuando la autoridad decisoria actúa como juez y parte. Haciendo uso de la función integradora de las garantías y principios mínimos que envuelve el derecho fundamental al debido proceso, la investigación realiza un análisis de aquellas con que cuenta el contratista en el marco de este trámite, y con particulares consideraciones al informe de la interventoría o del supervisor del contrato que debe allegarse con la citación al procedimiento
Due process is a guiding principle of contractual sanctioning procedures. However, the sanctioning procedure prescribed in the Anticorruption Act of 2011 does not indicate the procedural steps for gathering evidence and assessing the evidentiary material. The lack of precision with regards to the procedural guarantees and rights may be harmful for contractors, especially when the decision-making authority is the contracting party. Since the fundamental right to due process comprehends a minimum of guarantees and principles, the research undertakes an analysis of those available to contractors, such as the attachment of the auditor or supervisor report to the subpoena
