Gonzalo Armienta Hernández
Al constituir un medio de control de la legalidad de los actos de la administración pública, el recurso administrativo requiere sujetarse a los principios del debido proceso ya que sus resoluciones constituyen decisiones imperativas que debe de cumplir el administrado, es por ello, que a las resoluciones derivadas de este tipo de recursos se les debe de aplicar tanto el control de convencionalidad como el principio pro persona, consignado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.