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La restauración de la legalidad urbanística es una competencia irrenunciable para la Administración, máxime si ha sido ratificada o sentenciada judicialmente. No obstante, la demolición de edificaciones ilegales, entraña numerosas dificultades, no sólo económicas sino también sociales, lo que provoca su dilación en el tiempo, dando lugar a consecuencias difícilmente reparables. Junto a las dos posibilidades legalmente reconocidas de inejecución de sentencias (legal y material) se plantea si la mediación intrajudicial puede reconocerse como una tercera posibilidad para ejecutar el fallo de una sentencia por sustitución, obviando la temida demolición y sus consecuencias indemnizatorias.
