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La búsqueda de la simplificación administrativa ha alcanzado a los instrumentos de intervención del suelo. Con el objetivo de agilizar los trámites administrativos, la licencia urbanística, como técnica de control preventivo de la edificación, está siendo sustituida por otros mecanismos de control a priori más sencillos: declaración responsable o comunicación previa. Desde hace ya unos años, la legislación estatal básica y la normativa estatal del suelo han abordado una transformación del modelo de control local sobre las actividades urbanísticas privadas, tradicionalmente asentado sobre la licencia urbanística, y el Tribunal Constitucional, en la STC 143/2017, de 14 de diciembre, ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto.
