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La crisis económica derivada de la crisis sanitaria originada por la propagación del COVID-19 ha obligado a la adopción de una serie de modificaciones legislativas en el ámbito de los contratos de arrendamiento de viviendas, todo ello ante las previsibles dificultades de los arrendatarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales. En los supuestos de vulnerabilidad económica del arrendatario como consecuencia del COVID-19 se preven tres tipos de medidas diferentes, en primer lugar se contempla la suspensión de los procedimientos de desahucio por el tiempo estrictamente necesario y hasta tanto se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas. También, en caso de vulnerabilidad económica del arrendatario sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria se prevé una moratoria de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor de viviendas. Finalmente, se contempla una prorroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda cuya prorroga finalice tras la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley y hasta que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma.
