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Las investigaciones internas, fenómeno cada vez más frecuente en España, son procedimientos indagatorios privados que acarrean, entre otros problemas, el de la obtención de pruebas válidas. Las empresas se enfrentan a un problema, ¿cómo obtener prueba de manera lícita, sin vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores? Y en segundo lugar, ¿qué posibilidades hay de que la prueba obtenida se considere válida para aportar a un posterior procedimiento, en concreto, a un procedimiento penal?
