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El art. 13.1 del RDL 16/2020 limita la prueba en los incidentes concursales de impugnación del inventario y de la lista de acreedores a la documental y la pericial. Es cuestionable que esta medida se adecúe a los objetivos de agilización y evitar el colapso de la Administración de Justicia, pudiendo resultar inconstitucional por vulnerar el derecho a la utilización de los medios de prueba del art. 24.2 CE y generar indefensión a las partes. Un posible remedio alternativo para mitigar esta decisión legislativa podría ser el incorporar la utilización de los testimonios escritos como pruebas documentales en estos incidentes concursales, en particular, y dada su relevancia, en aquellos relacionados con la subordinación crediticia del considerado administrador de hecho.
