La regulación del apoderamiento judicial por comparecencia electrónica, en funcionamiento a partir del 24 de julio de 2017, permite a los ciudadanos otorgar apoderamiento apud acta a favor del procurador mediante comparecencia electrónica y este ha de ser el «modus operandi» principal para acreditar la representación procesal ante los órganos jurisdiccionales en el ámbito exclusivo de la Administración de Justicia. Este apoderamiento se puede hacer en cualquier lugar y sin intervención logística del LAJ (que ahora es el encargado fundamentalmente de validar dicho poder) ya que no se precisa comparecencia personal y presencial del solicitante ante el mismo. En tiempos de pandemia, puede ser una medida fundamental para reducir o limitar el acceso de profesionales y ciudadanos a las dependencias judiciales, posibilitando la realización del mayor número de actuaciones telemáticas.