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Valencia, España
La pandemia causada por el COVID-19 está afectando actualmente a considerables aspectos de la actividad económica. Muchos particulares y empresas están viendo como su situación financiera se ve comprometida sin poder cumplir sus obligaciones contractuales. La cuestión es si existen remedios en el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta situación, como la adaptación del contrato a la nueva realidad económica o la resolución del contrato sobre la base de la denominada en Derecho español doctrina de la “rebus sic stantibus”, que tiene su equivalente en otros ordenamientos jurídicos de Derecho comparado, con otra terminología. Los países europeos que han modernizado recientemente sus Códigos civiles han reservado un lugar especial a este tipo de institución jurídica. La realidad actual demuestra que nuestras modernas sociedades no se encuentran exentas del riesgo de la aparición de elementos imprevisibles y extraordinarios que pueden afectar profundamente a la economía. La aplicación normalizada de la referida institución jurídica por parte de los tribunales, con la creación de una jurisprudencia rigurosa, contribuiría sin duda a alcanzar un mayor nivel de seguridad jurídica, así como a la reducción de los costes de transacción en la redacción de contratos de larga duración.
Nowadays pandemic caused by COVID-19 is affecting many aspects of the economic activity. The financial situation of many individuals and companies is in serious danger with important difficulties in fulfilling their contractual obligations. The question is whether there are remedies in the legal system to deal with this situation, such as the adaptation of the contract or the termination on the basis of the so called in Spanish Law the doctrine of the “rebus sic stantibus” clause, that has its equivalent in other legal systems in the realm of Comparative law, under other terminology.
European countries that have recently modernized their Civil Codes have reserved a special place for this type of legal institution. Today’s reality shows that our modern societies are not exempt from the risk of the emergence of unpredictable and extraordinary elements that can profoundly affect the economy. The standardised application of that legal institution by the courts, with the creation of rigorous case-law body, would contribute to a higher level of legal certainty as well as the reduction of transaction costs in the drafting of long-term contracts.
