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Joaquín González Casso
Vivimos circunstancias excepcionales que exigen una respuesta rápida y eficaz en muchos ámbitos y uno de ellos es, sin duda, la Administración de Justicia. Los Juzgados y Tribunales han continuado desarrollando su labor en las actividades que no han sido suspendidas por el estado de alarma. Este Real Decreto Ley trata de dar una solución a algunos problemas que se plantearán con la finalización de la suspensión de las actuaciones procesales y la situación creada por el COVID-19. Entiendo que esa solución es pobre y no afronta el verdadero problema que van a tener que afrontar los órganos judiciales tras varios meses de paralización.
