Es objeto de análisis si los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y la Directiva 2014/24 sobre contratación pública deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la italiana controvertida en el litigio principal, que limita al 30 % la parte del contrato que el licitador puede subcontratar con terceros.