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El presente artículo analiza el caso de México Unido Contra la Delincuencia (mucd), grupo de la sociedad civil que emprendió una movilización legal para cuestionar el modelo prohibicionista en materia de drogas, en tanto consideran que éste es una de las causas primordiales de la inseguridad en México. Ante la negativa de los poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer reformas, mucd acudió al poder Judicial, en donde cuestionó de manera indirecta la política prohibicionista del Estado mexicano. Mediante el análisis de entrevistas, documentos oficiales, así como del proyecto y sentencia de la Suprema Corte, este artículo sostiene que el éxito de la movilización radicó en la construcción de una estructura de apoyo, así como en la utilización del litigio estratégico, cuyo establecimiento de alianzas entre abogados, con vínculos sociales, profesionales y de parentesco de alto perfil jugó un papel central en la obtención de un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
This article analyzes the case of Mexico United Against Crime [México Unido Contra la Delincuencia], a civil society group that undertook a legal mobilization to question the prohibitionist drug model, deeming it to be one of the main causes of insecurity in Mexico. Given the refusal of the Executive and Legislative branches to establish reforms, mucd went to the Judiciary branch, where it indirectly questioned the prohibitionist policy of the Mexican state. Through the analysis of interviews and official documents, as well as the Supreme Court project and judgment, the article maintains that the success of the mobilization was based on the construction of a support structure, as well as on the use of strategic litigation; the establishment of alliances between lawyers with high-profile social, professional and kinship ties played a central role in obtaining a favorable ruling from the Supreme Court of Justice of the Nation.
