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Transcurridos algo más de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que modificó el art. 324 de la ley rituaria introduciendo el sistema de plazos de la fase de instrucción del proceso penal actualmente vigente, debemos reconocer que el objetivo de agilización de la justicia penal que establecía el Preámbulo de la norma no se ha conseguido, de tal forma, que la deficiente redacción del precepto, ha dado lugar a inconciliables posiciones interpretativas por parte de nuestros juzgados y tribunales, y está generando espacios para la impunidad, situación ésta, que se va a ver agravada por el previsible colapso judicial tras la crisis sanitaria del COVID-19. El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los principales problemas que plantea la aplicación práctica de la norma, a la luz de las resoluciones judiciales dictadas sobre la materia y de la doctrina de la Fiscalía General del Estado. También se sugieren algunas de las líneas maestras de la inaplazable reforma que reclama nuestro modelo procesal penal.
