El principio del devengo de las obligaciones determina el ejercicio económico al que deben aplicarse los gastos. Bajo este criterio, se analiza el régimen jurídico de los gastos de tramitación anticipada versus el régimen de los plurianuales, siendo los límites de estos un requisito esencial sujeto a la fiscalización previo de los expedientes de gasto, especialmente los de contratación y los de subvenciones. Así, mientras un gasto imputable al ejercicio corriente tiene el límite del crédito presupuestario, los otros expedientes tienen los límites temporales y cuantitativos de los plurianuales.