La llegada de los medios telemáticos a la Administración de Justicia debe efectuarse de forma coordinada con la salvaguarda de la íntegra publicidad de las actuaciones. La transparencia judicial que imponga la realidad posterior al coronavirus debe permitir una posibilidad consustancial a todo Estado de Derecho: el acceso de cualquier ciudadano a la celebración de un juicio. Como nunca antes, la Justicia ha de ser accesible y, sobre todo, transparente.