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El artículo propone una lista razonada de las principales medidas adoptadas por el legislador italiano, con referencia al derecho civil, para hacer frente a la emergencia sanitaria del Covid-19. En el artículo se analizan únicamente las medidas relativas a los aspectos del derecho civil, mientras que no se consideran las medidas, aunque muy importantes, relativas al derecho laboral, el derecho procesal y el derecho administrativo. La medida más amplia se refiere a la suspensión de los pagos de los contratos de prestamos y, especialmente, los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas familiares, mientras que la medida más problemática es la relativa a la reglamentación de los contratos de arrendamiento. A este respecto, las medidas adoptadas son muy limitadas y requieren que el interpretador verifique la posibilidad de aplicar las normas generales del contrato y, en particular, la regla sobre la imposibilidad parcial de la prestación. También son importantes las medidas relativas a los contratos de viaje y de viaje combinados. En lo que respecta a estas medidas, que son similares a las adoptadas por otros gobiernos, cabe señalar que la disciplina no es sencilla y muy a menudo parece proteger más a la empresa que al consumidor. Las medidas específicas adoptadas, que dictan unas normas especiales, excluyen la aplicación del Código del Consumidor italiano, que habría proporcionado medidas más favorables.
