Se analiza en este trabajo la suspensión del proceso de desahucio regulada en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y su insuficiente justificación en elementos ajenos al derecho sustantivo y procesal para la distorsión que en realidad producen.