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La crisis sanitaria del COVID-19 ha obligado al ejecutivo a publicar unas especialidades a la normativa general que regula las suspensiones y reducciones colectivas de contratos de trabajo, con el objetivo de reducir el impacto sobre la tasa de desempleo y las prestaciones de la Seguridad Social. Esta circunstancia ha traído positivas mejoras en los procedimientos, sin embargo la prioridad de los sindicatos en la negociación de estas medidas en empresas sin representación, en muchos supuestos, ralentizan los procesos y evidencian cierta inverosimilitud.
