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La labor interpretativa que el Tribunal de Justicia está llevando a cabo en materia de contratación pública ha sido muy intenesa e importante durante el año judicial 2002 / 2003. Junto a las precisiones que ha aportado en relación con el concepto, siempre conflictivo, de organismo de Derecho público, el Tribunal ha delimitado los requisitos que deben cumplir los criterios de adjudicación de carácter medioambiental (o de otro tipo) para ser compatibles con el Derecho comunitario, poniendo fin de momento a tan discutida controversia. Cabe destacar asimismo que está aumentando significativamente el número de cuestiones prejudiciales relativas a la compatibilidad con el Derecho comunitario de normativas nacionales sobre recursos contra decisiones de entidades adjudicatarias; a pesar de ser casuística, la jurisprudencia en este ámbito también comienza a marcar pautas que habrán de tenerse en cuenta fuera del mero contexto legislativo nacional al que afectan.
