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Madrid, España
El presente trabajo aborda la actual situación de aparente conflicto de intereses entre la instalación de parques eólicos como apuesta estratégica y ambiental en la política energética de la Unión Europea y la protección de los valores ambientales en los espacios y en los entornos de la Red Natura 2000, lugares habituales de emplazamiento de los mismos por las propias características técnicas de la energía eólica. Se analiza con detalle la evolución normativa del régimen de evaluación ambiental de las repercusiones de los parques eólicos en los lugares de la denominada red ecológica europea, desde la Directiva hábitats 92/43/CEE hasta su incorporación en las leyes actuales 42/2007 de Patrimonio natural y biodiversidad, y 21/2013 de evaluación ambiental, así como los recientes pronunciamientos judiciales de las diversas instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, y que han dado lugar a sentencias contradictorias sobre instalación de parques eólicos tanto en su doctrina como en sus fallos judiciales que suponen además un preocupante cambio en la hasta ahora aplicación de los principios de seguridad jurídica y de discrecionalidad técnica de la Administración. Las Administraciones públicas competentes en las autorizaciones de parques eólicos así como las empresas eléctricas promotoras de los mismos asisten confusos a la anulación de autorizaciones de relevantes parques eólicos en explotación, en ocasiones aplicando además, partiendo de un juicio a priori, una errónea doctrina relativa a la “fragmentación” de parques en contra de la propia normativa ambiental y eléctrica, y sin que los órganos judiciales marquen con claridad el camino de cómo debe concretarse en la práctica la “adecuada evaluación ambiental” de los mismos. La razón jurídica de todo ello es la existencia de numerosos “conceptos jurídicos indeterminados” en la aplicación a los Parques eólicos de las disposiciones de la normativa de evaluación sobre la Red Natura 2000, ofreciendo en el presente trabajo soluciones interpretativas a cada uno de ellos y proponiendo la necesaria unidad de criterio de los órganos judiciales en orden a la necesaria compatibilidad de ambos bienes e intereses constitucionales.
The present work addresses the current situation of apparent conflict of interests between the installation of wind farms as a strategic and environmental commitment in the European Union’s energy policy and the protection of environmental values in the spaces and environments of the Network Natura 2000, usual places where they are located due to the technical characteristics of wind energy. The normative evolution of the environmental assessment regime of the repercussions of wind farms in the places of the so-called European ecological network is analyzed in detail, from the Habitats Directive 92/43 / EEC until its incorporation in the current Heritage laws 42/2007 Natural and biodiversity, and 21/2013 of environmental evaluation, as well as the recent judicial pronouncements of the various instances until reaching the Supreme Court, and that have resulted in contradictory sentences on the installation of wind farms both in their doctrine and in their judicial decisions which also represent a worrying change in the application of the principles of legal certainty and technical discretion of the Administration. The Public Administrations competent in the authorizations of wind farms as well as the electricity companies promoting them are confused to the cancellation of authorizations of relevant wind farms in operation, sometimes also applying, based on an a priori trial, an erroneous doctrine related to the “fragmentation” of parks against their own environmental and electrical regulations, and without the judicial bodies clearly marking the path of how the “adequate environmental assessment” of them should be implemented in practice. The legal reason for all this is the existence of numerous “undetermined legal concepts” in the application to wind farms of the provisions of the evaluation regulations on the Natura 2000 Network, offering in the present work interpretive solutions to each of them and proposing the necessary unit of judgment of the judicial organs in order to the necessary compatibility of both constitutional assets and interests.
