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El Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, fue la ley inaugural del ordenamiento laboral democrático, que se ha comportado como el instrumento normativo más relevante del cambio político y del consenso político y sindical. Frente a su inicialmente controvertida demarcación material y las pretensiones de dotarle de un contenido esencialista limitado a reconocer los derechos fundamentales de los trabajadores en las empresas, y en concreto los derechos de libertad sindical y huelga, que habían de ser el foco del ordenamiento laboral democrático, el Estatuto se ha convertido en la ley central de ese ordenamiento, a la que las demás normas complementan y con la que se relacionan como pieza básica de su configuración institucional. Profusamente reformado, el Estatuto refundido vigente presenta una regulación más extensa y compleja de muchos de sus contenidos, obediente a cambios políticos y, señaladamente, a políticas económicas, sin olvidar la presencia en su cuerpo normativo de una cuota significativa de conservación del Estatuto inicial. Cuarenta años después, el Estatuto de los Trabajadores debe incorporar los derechos fundamentales de los trabajadores y volver la vista al consenso, al diálogo y la concertación social, y a la legitimidad democrática del Parlamento.
The Statute of Workers approved by Law 8/1980, of March 10, was the inaugural law of democratic labor order, which has acted as the most relevant normative instrument of political change and of political and union consensus. Faced with its initially controversial material demarcation and the claims to provide it with an essentialist content limited to recognizing the fundamental rights of workers in companies, and in particular the rights to freedom of association and strike, which were to be the focus of democratic labor order, the Statute has become the central law of that system, to which the other regulations complement and with which they relate as a basic piece of its institutional configuration. Profusely reformed, the current consolidated Statute presents a more extensive and complex regulation of many of its contents, obedient to political changes and, notably, to economic policies, without forgetting the presence in its normative body of a significant the view to consensus, dialogue and social consensus, and to the democratic legitimacy of Parliament.
