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, Angie Gago
Tanto la pertenencia a la Unión Europa como el intento de responder por parte de los Estados de Bienestar nacionales a los llamados Nuevos Riesgos Sociales, han conducido a que se produzca una cierta convergencia en el tipo de reformas adoptadas por los diferentes gobiernos. En los casos de Alemania, Reino Unido, Suecia y España podemos identificar procesos de activación, remercantilización, endurecimiento de las condiciones para generar derecho a las prestaciones, introducción de diversos grados y tipos de privatización y, por otro lado, el creciente reconocimiento de derechos a colectivos específicos como las familias o los más desfavorecidos.
A pesar de las similitudes, el momento, el modo en que se han implementado dichas reformas y su alcance no ha sido iguales debido a las peculiaridades políticas y económicas nacionales. Es más, lo cierto es que la brecha social entre los países del norte y del sur no solo no se ha cerrado como se esperaba tras el diseño de la Estrategia 2020, si no que se ha incrementado. A pesar de que Europa continúa siendo la región del mundo con el sistema de protección más generoso, sus Estados de Bienestar presentan retos muy relevantes en términos de desempleo, desigualdad y descontento social. Aunque la propia UE ha relajado su política de austeridad, sus complicadas reglas de decisión y la desconfianza que se han instalado entre unos y otros Estados puede retrasar medidas sociales de gran relevancia.
